La reconstrucción tras el sismo podría costar entre 1.000 y 10.000 millones de dólares, mientras el Gobierno de Abelardo De La Espriella enfrenta un margen fiscal muy reducido: ya se ha utilizado el 96 % del cupo de deuda previsto para este año.
Ante este escenario, el Gobierno evalúa declarar una emergencia económica y social, una medida que permitiría al Ejecutivo adoptar medidas extraordinarias para atender la crisis.
Desde Benavides Rivera Abogados, Diego Rivera, asociado senior de la firma, explica que esta figura tiene mayores implicaciones jurídicas y que el Gobierno deberá demostrar por qué las herramientas ordinarias no son suficientes para atender la emergencia.